El lawfare es una guerra jurídica contra la democracia, la soberanía nacional y los procesos de avance populares, que articula diversas estrategias de injerencia a favor de minorías privilegiadas que influyen o participan de forma directa en la toma de decisión en el ámbito político, judicial y económico. Incluye desde sanciones económicas y financieras contra servidores públicos, altos cargos gubernamentales, líderes políticos o contra empresas públicas estratégicas, hasta la persecución política por la vía judicial para la inhabilitación política, el hostigamiento mediático y la generación de procesos de desestabilización para avanzar en el llamado “cambio de régimen”.
Las sanciones económicas representan una dimensión clave del lawfare. Se trata de sanciones impuestas por un Estado, grupos de Estados (como la Unión Europea) y organizaciones internacionales (como el sistema financiero) a otro Estado, sin fundamento en el derecho internacional, que buscan sabotear sus relaciones comerciales, monetarias y financieras, con objetivos políticos y geopolíticos injerencistas, por vías diferentes a la intervención armada, aunque con efectos similares. Estas sanciones son una de las herramientas de lawfare más dañinas, pues debilitan o destruyen el bienestar de la sociedad involucrada, afectan negativamente los derechos de la población y golpean sectores estratégicos y/o instituciones o líderes que sostienen proyectos de Estados soberanos, politizados e interventores en la economía desde la defensa del interés colectivo.
Las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) son una de las formas que adquieren las sanciones económicas; se trata de medidas y decisiones impuestas desde países occidentales con el fin de alcanzar objetivos de política exterior y control geopolítico. Desde 1960 hasta junio de 2024, según fuentes independientes y oficiales de los países sancionadores, EE.UU., la Unión Europea y otros Estados han impuesto un total de 30.044 medidas coercitivas o sanciones unilaterales a 30 países. En este período, EE.UU. es responsable del 34% de las sanciones en el mundo. La Unión Europea impuso el 18%. Un 29% restante han sido impuestas por Canadá, Suiza y Reino Unido.
En Venezuela el impacto de las MCU es profundo: 1) el congelamiento de 31 toneladas de oro por el Banco de Inglaterra desde 2018; 2) Caída del 99% del ingreso en divisas del país: Venezuela pasó de percibir 39.639 millones de dólares en divisas en 2014 a 743 millones en 2020. En perspectiva, entre 2014 y 2020, Venezuela perdió 99 de cada 100 dólares que recibía; 3) Algunos de los recursos y activos más importantes congelados, confiscados y/o retenidos en el exterior: 7.000 millones de USD líquidos, retenidos en bancos; 5.000 Millones de USD retenidos en el FMI.
Casi la totalidad de las divisas que se necesitan para importar medicamentos, alimentos, equipos necesarios para la generación de electricidad, sistemas de agua o transporte, son recibidos a través de los ingresos del Gobierno de la exportación de petróleo.
El impacto en la vida cotidiana de la población se puede ilustrar con los siguientes datos:
Las importaciones de alimentos y medicinas desde 2013 alcanzaron su mínimo en febrero de 2019, el mes posterior a la imposición de la segunda ronda de sanciones petroleras.
El país se enfrentó a una grave escasez de vacunas contra el sarampión, la fiebre amarilla y la malaria en 2017-2018. La falta de pruebas y tratamiento para el VIH en 2017-2018 supuso un grave aumento de la tasa de mortalidad.
En 2018, la Federación Farmacéutica de Venezuela informó que la escasez de medicamentos esenciales era del 85%.
El desvío de activos de CITGO ha impedido que se realicen trasplantes de hígado y médula ósea a 53 niños venezolanos; dichos trasplantes se habrían realizado en Italia y Argentina antes de 2016 con cargo al Estado.
En septiembre de 2017, el traslado a Venezuela de 18 millones de cajas de alimentos subsidiados del programa Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), es bloqueado por el sistema financiero estadounidense.
En octubre de 2018, el gobierno de Colombia bloqueó el envío a Venezuela de 400 mil kilos de alimentos destinados al programa CLAP.
En octubre de 2018, un buque que contenía 90 mil toneladas de torta de soya destinadas a Venezuela, por un monto de 15,9 millones de euros, fue paralizado debido al cierre de la cuenta de la empresa proveedora, ejecutado por el banco suizo Hyposwiss Private Bank.
En junio de 2020, Estados Unidos sancionó a un grupo de empresarios mexicanos que transportaban petróleo como parte de un programa de intercambio de crudo por alimentos. Luego de esta acción, las empresas se declararon en quiebra.
En 2020, El Departamento de Justicia informó que había confiscado 1.1 millones de barriles de petróleo de cuatro buques provenientes de Irán con valor de 50 millones de dólares.
En 2023 nuevamente fue bloqueado un buque proveniente de Irán con 980 mil barriles de petróleo. El dueño del buque fue multado por EE.UU. por 2.5 millones de dólares.
El sector eléctrico de Venezuela está basado en equipos provistos por proveedores internacionales como General Electric y Siemens. Las sanciones financieras impidieron que el Gobierno venezolano pague a estas empresas, aumentando la fragilidad de la energía hidroeléctrica.
Tras el Acuerdo de Barbados, firmado el 17 de octubre de 2023 entre el Gobierno de Venezuela y un sector de la oposición que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, y como resultado de un diálogo directo entre Estados Unidos y Venezuela realizado en Catar, acordaron la emisión de un conjunto de licencias para facilitar la reactivación de la industria petrolera; entre éstas la más importante es la Licencia General 44, que permitía la participación de cualquiera empresa del mundo en el sector petrolero y gasífero de Venezuela.
No obstante, el 17 de abril de 2024, el gobierno estadounidense, alegando razones políticas, rompió el acuerdo de Catar y no renovó la Licencia 44 lo que, sin duda, tendrá repercusiones en un momento de recuperación económica del país y de un proceso electoral clave para el futuro de Venezuela. Poco después, el gobierno de Joseph Biden declaró que sustituirá las licencias generales por licencias privadas y limitadas para no romper su relación energética con Venezuela y permitir que Estados Unidos acceda al petróleo venezolano. Esta acción ha sido denunciada como un intento de mantener desde Washington un tutelaje y el control sobre la economía venezolana usando las licencias como un mecanismo de chantaje para alcanzar objetivos políticos y electorales en el país.
Por estos motivos desde el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) y el Observatorio Lawfare, hacemos un llamado a la comunidad internacional, en particular a organismos dedicados al estudio del impacto de estas sanciones, como la Relatoría Especial para el estudio de las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales de la Organización de las Naciones Unidas, a contribuir con la visibilización y denuncia del impacto negativo de esta herramienta injerencista en la soberanía de Venezuela y en concreto, en los efectos nefastos que provoca a nivel de derechos civiles, sociales y económicos de la población.