El 5 de febrero pasado, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien transita sus últimos meses como Presidente de México, propuso un paquete de 20 reformas constitucionales, en el marco del aniversario de las Constituciones de 1857 y 1917.
Entre esas reformas expuestas está la electoral, para transformar al Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); la que eleva a rango constitucional algunos programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida; la de la Guardia Nacional que la pasaría de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Secretaría de Defensa Nacional y la del Poder Judicial la cual pretende democratizar y a la vez disminuir los privilegios acumulados por este sector.
Dato: Para aprobar una reforma constitucional, se requieren dos terceras partes del Congreso y el voto aprobatorio de 17 de los 32 Congresos estatales, con dos terceras partes. En el período neoliberal (1982-2018) se hicieron 135 reformas constitucionales, siendo el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) el que más aprobación de reformas tuvo (36). En el gobierno de AMLO se han aprobado 23 reformas en las que se modificaron 62 artículos. |
Reforma al poder judicial
El Poder Judicial en México en el marco de la 4T se constituye como uno de los poderes opositores al proyecto político elegido democráticamente, muchas de las veces, cancelando reformas relevantes como la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Industria Eléctrica, el paquete de reformas electorales e, incluso, judicializando ciertas obras de infraestructura como el Tren Maya, contra el que se interpusieron más de 50 amparos, todos finalmente ganados por el gobierno federal, aunque en el medio diversos tribunales los habían admitido paralizando la obra durante meses.
Dato: Desde que Norma Piña es presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en enero de 2023, ha votado en 18 de 21 ocasiones en contra de modificaciones a leyes propuestas por el actual gobierno. En los primeros tres años el gobierno presidido por Enrique Peña Nieto hubo 12 demandas de acción de inconstitucionalidad admitidas en la SCJN, en tanto que los tres primeros años de AMLO ya sumaban 32. |
Ante este escenario, el Poder Ejecutivo propuso una serie de reformas al Poder Judicial, que incluyen:
La posibilidad de elegir mediante el voto directo de la ciudadanía a Ministros de la SCJN, Magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina y jueces de los 32 circuitos judiciales; la sustitución del Consejo de la Judicatura por un órgano de control autónomo de la SCJN, órganos administrativos y disciplinarios independientes; y nuevas reglas procesales. De aprobarse, en 2025 se realizaría una elección extraordinaria para renovar a todos los Ministros, Jueces y Magistrados del Poder Judicial. El poder Ejecutivo propondría hasta 10 candidaturas; el Poder Legislativo hasta 5 candidaturas por cada Cámara (por mayoría calificada) y el Poder Judicial hasta 10 candidaturas a través del Pleno de la Suprema Corte, por mayoría de 6 votos.
Se reduciría el número de Ministros en la SCJN de 11 a 9.
Se reduciría el periodo del cargo de Ministro de la SCJN, de 15 a 12 años.
Se eliminarían las dos Salas que actualmente conforman la SCJN. La Corte sólo sesionaría en Pleno y las sesiones deberían ser públicas.
Se eliminaría la pensión vitalicia (haber de retiro) para actuales y futuros Ministros y Ministras.
Sus remuneraciones deberían ajustarse al tope máximo establecido para el Presidente de la República, sin excepción (Ver Anexo 2).
Se sustituiría el Consejo de la Judicatura Federal y se establecerían: un Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por 5 magistrados electos a nivel nacional por un período de 6 años, propuestos por los Poderes de la Unión; y un órgano de Administración Judicial integrado por 5 personas designadas por un período de 6 años por los Poderes de la Unión: el Poder Ejecutivo nombraría uno; el Senado uno; y la SCJN tres.
Viabilidad de la reforma en el Poder Legislativo
MORENA tiene 273 votos en la Cámara de Diputados, siendo insuficiente en tanto para la reforma constitucional se requieren 334 de los 500 legisladores que componen la Cámara. En el Senado, MORENA y sus aliados tienen 71 de los 84 votos que se necesitan para lograr dos terceras partes y conseguir la aprobación calificada. Ante esta situación, tanto el Presidente como MORENA, han propuesto el denominado Plan C, que implica, ganar en las elecciones de 2024 la mayoría calificada junto con sus aliados en la Cámara de Diputados y de Senadores y lograr la mayoría en los 17 Congresos locales. La apuesta permitiría lograr reformas constitucionales que no lograron pasar en el Congreso en este sexenio.
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