Hace varios meses el gobierno colombiano viene recibiendo denuncias con un fuerte eco en la prensa nacional y con la intención de desacreditar su gestión. Las acusaciones pueden agruparse en dos sentidos: aquellas basadas en la financiación de las campañas al congreso y la presidencia durante 2022, y las relacionadas a presuntos hechos irregulares durante la actual gestión. Mientras que las del primer grupo han sostenido una matriz dirigida a establecer una “ilegitimidad de origen” del gobierno con causas abiertas en varias entidades como la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Nacional Electoral y recientemente, la Corte Suprema de Justicia, las del segundo grupo apuntan a la corrupción como hecho central.
Las “fuentes” de ilegitimidad
Desde el 21 de abril el gobierno de la coalición Pacto Histórico ha experimentado una presión mediática constante vinculada a causas judiciales. Una de ellas cuenta con el rol destacado de la revista Semana, que el 23 de abril reveló declaraciones de una causa de fraude en la que apareció, de modo tangencial, una referencia a la prestación de servicios aeronáuticos para el entonces candidato presidencial y su bancada de senadores. A pesar de que el mismo testigo ha sostenido que el centro de su caso no es la financiación de la campaña “Petro presidente”, se ha divulgado de tal modo que se da por sentado un pago con dinero de fuentes irregulares.
La revista Semana publicó fragmentos de una entrevista a Ómar Hernández (CEO de Spartan Hill), quien se encuentra detenido acusado por lavado de activos mediante una empresa de criptomonedas llamada Daily Cop y mantiene un acuerdo de colaboración con la Fiscalía para acceder al principio de oportunidad. Según Hernández, el titular de la empresa, Sebastián Betancourt, se reunió con Ricardo Roa cuando era gerente de la campaña "Petro Presidente" para pactar un "pago en especie" que se habría efectuado mediante traslados en un avión de la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI SAS). En una entrevista de la cadena radial Caracol, Hernández aclaró que no es él quien acusa al gobierno y que los detalles del caso que tomó estado público se desprenden de una declaración que realizó en su causa por defraudación mediante Daily Cop.
Sin embargo, el encuentro fue negado por Betancourt y los pagos a la SADI están en los registros contables de las campañas al congreso y la presidencia. A pesar de ello, la vinculación busca establecerse a través del piloto Carlos Restrepo, a quien según Hernández, las criptomonedas con las que le pagaron "son producto de una actividad ilícita". Aún sin comprobación judicial, el caso ha tomado relevancia basado en una suposición de Hernández según la cual “la campaña presidencial se benefició de esta gran estafa, que ha afectado a la sociedad colombiana” (Semana, 2024).
La figura llamada “principio de oportunidad” fue incorporada al sistema judicial colombiano como reflejo del esquema penal acusatorio estadounidense, donde la delación o el aporte de datos de personas relevantes se cambian por beneficios para el acusado, llegando incluso a cesar su persecución judicial. El empleo discrecional de esta herramienta ha favorecido el desvío de procesos judiciales hacia referentes de la política.
Dos secuelas de un mismo acto
La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de Instrucción, informó el lunes 29 de abril de 2024 que abrió una indagación preliminar contra los 20 senadores del Pacto Histórico. Se investigan supuestas anomalías en la financiación de sus campañas políticas, incluyendo también la campaña presidencial de Petro, a partir de las rendiciones presentadas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El hecho más amenazante para el oficialismo consiste en una ponencia de dos (2) magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el gerente de la campaña presidencial, Ricardo Roa, y el presidente Gustavo Petro, por superar los topes de financiación. Al respecto, el Consejo de Estado declaró competente al CNE para investigar, más no para sancionar con pérdida del cargo al Presidente de la República. Con estas condiciones, la solicitud de acusación presentada por los opositores Benjamín Ortíz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) fue tratada en la sesión plenaria del CNE el 29 de agosto, aunque no llegó a ser votada por los siete magistrados restantes. Lo extraordinario en este procedimiento es que el órgano electoral no está facultado para procesar al presidente, sin embargo, la inédita providencia del Consejo de Estado lo avala para formular cargos y derivar la decisión de destitución al Congreso. Es frente a esto en particular, que el presidente Petro ha ratificado que su gobierno se enfrenta a un golpe blando.
Para que el presidente de Colombia sea destituido, debe iniciarse un proceso en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes y acusar al jefe de Estado ante el Senado, conocido comúnmente como Juicio Político. Luego de las investigaciones la cámara alta hará una votación para confirmar su culpabilidad o eximición.
Corrupción instrumental
En paralelo, la Fiscalía General abrió una investigación por un caso de sobrecostos en la compra de equipamiento para la distribución de agua potable en comunidades de La Guajira (norte de Colombia); el mismo gobierno ha dirigido una investigación interna luego de remover del cargo a los implicados que quedaron a disposición de la justicia. Se trata de la compra de 40 carrotanques por un valor aproximado de 11,54 millones de dólares por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cuyo ex director y ex subdirector se encuentran procesados acusados de avalar sobrecostos de alrededor de 4,98 millones de dólares y el desvío de dichos fondos. Los hilos de esta denuncia conectan a un grupo de funcionarios y legisladores del Partido Alianza Verde, aliado oscilante del gobierno.
Sneyder Pinilla, quien fue subdirector para el manejo de desastres de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), acusó en una entrevista con la Revista Semana y luego ante la Fiscalía a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia (Iván Name del Partido Verde y Andrés Calle del Partido Liberal, respectivamente) de recibir multimillonarios sobornos para supuestamente acelerar el trámite de las reformas del Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso. Aunque el propósito de la desviación de dineros públicos no ha sido probada, el ex director de la entidad, Olmedo López del ala oficialista del Partido Verde, pidió disculpas públicas al presidente antes de acudir a su primera indagatoria y expresó que el mandatario está exento de responsabilidad por los hechos investigados.
No obstante, tanto Pinilla como López presentaron matrices de colaboración para esclarecer el entramado alrededor del desfalco donde vinculan a congresistas a cambio de protección, por lo cual se extiende la investigación a la competencia de la Corte Suprema de Justicia.
Otros casos
Además del CNE y la Corte, el Consejo de Estado ha fallado contra tres senadores del Pacto Histórico declarando su destitución por doble militancia; los afectados son: Roy Barreras, César Pachón y Alexander López. No obstante, la institución que mayor resonancia ha tenido es la Fiscalía General de la Nación, especialmente con el caso de Nicolás Petro, procesado por enriquecimiento ilícito en 2023 durante la gestión de Francisco Barbosa, declarado abierto opositor al gobierno.
Otras investigaciones que buscan establecer conexión con el entorno del presidente Petro, atañen al caso Marelbys Mesa contra Laura Sarabia y Armando Bendetti (ambos contrataron a Mesa como empleada doméstica), el de Aida Merlano (ex-senadora del Partido Conservador condenada en 2019 por delitos electorales en la costa Caribe, de donde es oriundo Bendetti) y Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, recientemente fallecida (extraditado a Estados Unidos por relaciones con narcotráfico). En todos los casos, así como el que recientemente tomó notoriedad respecto a Daily Cop y la SADI, la manufacturación del consenso mediático se ha dirigido a establecer el conocimiento, responsabilidad o relación con Gustavo Petro y su marco de alianzas.
Escenario para un impeachment
El conjunto de investigaciones hacia el gobierno de Gustavo Petro confluyen en la búsqueda de una "ilegitimidad de origen", donde el eje más destacado es la financiación de las campañas de 2022, tanto al congreso como a la presidencia. Si bien la situación más extrema llevaría el caso a un juicio político para la destitución del presidente (caso no registrado desde la Constituyente de 1991), el proceso mismo puede generar hitos que debiliten la estabilidad institucional y limiten las acciones del gobierno mientras se mantenga en funciones.
El precedente más conocido refiere al mandato de Ernesto Samper (1994-1998), quien fue acusado por la Fiscalía e investigado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, así como por la Corte Suprema de Justicia; de dicho proceso, solo se comprobó que el jefe de campaña Fernando Botero Zea, posterior Ministro de Defensa, recibió financiación ilícita por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela del "cartel de Cali", mientras que Samper fue absuelto por los votos de la mayoría del congreso en el juicio político que concluyó el 12 de junio 1996.
Aunque la reciente decisión de abrir una indagación preliminar a los 20 senadores y senadoras del Pacto Histórico por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no se ha notificado públicamente por el organismo, abre un nuevo frente que abona al tendal de acusaciones que intentan desestabilizar la administración Petro. El caso que lleva la Corte se conecta con la investigación que cursa en el Consejo Nacional Electoral (CNE) respecto a la financiación y los topes de las campañas, donde ya fueron llamados a indagatoria los gerentes de las mismas: Guillermo Alfonso Jaramillo (Pacto Histórico Senado) y Ricardo Roa (Petro Presidente), así como Laura Sarabia quien en 2022 ofició como secretaria de Armando Benedetti, jefe de campaña de Petro.
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