El martes 20 de agosto se desarrolló una importante jornada titulada “Lawfare en debate”, con la presencia de juristas como Raúl Zaffaroni, Alejandra Gils Carbó y Carol Proner, entre otras referentes, quienes analizaron el fenómeno de la persecución judicial y mediática con fines políticos en América Latina. El evento tuvo lugar en el Centro Cultural de la Cooperación, Ciudad de Buenos Aires.
Una de las organizadoras, Silvina Romano, Coordinadora del Observatorio Lawfare, destacó que “necesitamos avanzar en un correcto diagnóstico sobre el problema del lawfare en la región, en tanto atenta contra la democracia y la justicia social, anulando a dirigentes políticos que impulsan proyectos de transformación con intervención del Estado en la economía. El lawfare es una estrategia multidimensional que impide el desarrollo con soberanía de nuestras naciones”.
Quien fuera Procuradora General de la Nación Argentina entre 2012 y 2017, Alejandra Gils Carbó, alertó sobre los riesgos que surgen con la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIASS) por parte del gobierno nacional, a partir del dictado de la Resolución 710/2024, en tanto permitirá almacenar información que podría ser utilizada para “perseguir política e ideológicamente” a determinadas personas.
Por su parte, Elizabeth Gómez Alcorta, quien se explayó principalmente sobre las arbitrariedades y el lawfare existente en la provincia de Jujuy, destacó que el ex gobernador, Gerardo Morales, encarceló en su momento a la dirigente Milagro Sala para obtener “gobernabilidad”, para lo cual también persiguió a toda la organización Tupac Amaru.
Carol Proner, desde Brasil, afirmó que el megaoperativo judicial “Lava Jato fue responsable de la desarticulación de la cadena productiva nacional en áreas de la construcción y la ingeniería civil, con un impacto negativo del 3,6% del PBI, provocando 4 millones de desempleados a datos de 2021”. Destacó que las consecuencias negativas del caso fueron mucho mayores que las positivas, al no haber perseguido la corrupción de manera legal y apegada al debido proceso, aplicando autoritarismo judicial.
A su turno, Guido Croxatto, abogado internacional del presidente peruano Pedro Castillo, analizó que “el lawfare no es una causa, es más bien un corolario, porque hay un problema grave de diseño institucional, con jueces millonarios en países pobres, profesores que dicen una cosa en el aula y luego hacen otra, es decir que se pierde coherencia y esto es fundamental porque lo que decimos debemos hacerlo. El diseño del sistema de pesos y contrapesos hoy está terminado, cada poder es una burocracia separada que más que controlar a los otros compite entre sí”.
En tanto que Aitor Martínez, abogado de Julian Assange y de Fernando Lugo en oportunidad de ser destituido arbitrariamente como presidente de Paraguay, planteó que “en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, más de la mitad de las demandas invocan el artículo 6, el derecho a un proceso equitativo, es decir en la vulneración desplegada desde el Poder Judicial. En América Latina, la Corte IDH publicó que el 79% de las sentencias condenatorias invocan el artículo 8, el de las garantías judiciales, el único artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos que dedica a proteger al ciudadano contra el Poder Judicial. Esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de una reforma a los tratados de derechos humanos para que queden más protegidos ante agresiones del Poder Judicial”.
Raúl Zaffaroni, ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, recordó que “los dirigentes populares no hicieron nada para reducir la vulnerabilidad frente al movimiento punitivista en la región, y deberían aprender la lección. Nos hemos equivocado en los regímenes populares de nuestros países. A su vez, el Poder Judicial aplica criterios selectivos que se valen de estereotipos y prejuicios, aunque dudo que en Argentina exista hoy un Poder Judicial, porque aquí tenemos una estructura institucional de un supuesto Poder Judicial que es demencial y no tiene parangón en el mundo. Un Tribunal Supremo de sólo cinco miembros, que son ahora cuatro, con las facultades que tiene, existe sólo en Argentina”. Además, Zaffaroni repudió la gravísima violación al derecho internacional que realizó el gobierno ecuatoriano al invadir la embajada mexicana en Quito para secuestrar a Jorge Glas, con el inexplicable aval del Poder Judicial local.
En la segunda mesa, Camila Palacin, abogada en causas de violencia institucional y derechos humanos de “Argentina Humana”, planteó que “es importante traer tres casos que este año implicaron persecución a la militancia. En primer lugar la causa Comedores, porque el gobierno nacional se niega a entregar comida a gente necesitada; el segundo la denuncia contra Fernanda Miño por el Fondo de Integración Socio Urbana, que paralizó la política pública; y el tercero el caso Guardapolvos, en el que se denuncia un convenio del gobierno anterior con una serie de cooperativas textiles”.
Por su lado, Julen Arzuaga, Abogado y parlamentario de Bildu, del País Vasco, denunció la persecución arbitraria a militantes en esa región de España, y manifestó que “aquél laboratorio de pruebas que se aplicó a la disidencia vasca sirvió para considerar después como delitos de rebelión o sedición a protestas pacíficas en Catalunia, para justificar el espionaje a Podemos o para atacar al presidente por supuestos hechos de corrupción de su esposa. El lawfare se sigue aplicando a movimientos que tal vez en un momento aplaudieron la persecución contra la disidencia vasca”.
Alejandro Medici, investigador y docente de la Universidad Nacional de La Plata, reflexionó en torno a tres ideas centrales: primero, que “si hay una articulación geopolítica, económica, comunicacional, de segmentos del poder judicial y de agencias de inteligencia estatal, estamos hablando de un dispositivo de poder que va más allá de la mera consideración jurídica de los problemas”; segundo, “que esta articulación afecta la autodeterminación democrática de los pueblos, es un dispositivo de colonialidad del poder, niega el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”; y tercero, “que el lawfare más allá de las violaciones del debido proceso, tiene un código político distinto, por lo cual hay que articular estrategia política con táctica judicial. Vemos apenas la punta del iceberg del lawfare, en tanto lo que busca es desarticular las organizaciones sociales”.
Finalmente, Claudia Rocca, presidenta de la rama argentina de la Asociación Americana de Juristas, refirió a que vivimos un tiempo de “tecnofeudalismo. Hablamos de un nuevo capitalismo occidental, que fue conformado por la fusión del conglomerado tecnológico, informático, comunicacional y los grupos financieros especulativos que han propiciado a partir de su consolidación y la derrota del viejo capitalismo atado a la producción, un mundo que avanza rápidamente hacia la financiarización, la digitalización de todos los aspectos de la vida, promoviendo la subjunción de los Estado Nación. El lawfare es la continuación de la doctrina Monroe a través de los aparatos judiciales”.
Co organizaron el encuentro el Observatorio Lawfare, el Centro de Investigación en Derecho Crítico de la Universidad Nacional de La Plata, el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Rosario y el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
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