Tras las elecciones del 2 de junio que ratifican la continuidad del proyecto que encabeza MORENA con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y ahora Claudia Sheinbaum, la reforma al Poder Judicial se ha constituido en una de las reformas clave de un paquete de 20 reformas conocido popularmente como Plan C.
Luego de las elecciones y el anuncio de la reforma al Poder Judicial, las repercusiones políticas y económicas han afectado al peso mexicano, colocándolo por arriba de los 18 pesos por dólar, unos días antes de la elección se colocó en 17 pesos por dólar. Las repercusiones políticas en los partidos de oposición también son relevantes, sin embargo, tras los resultados han quedado reducidos en el Congreso, pues MORENA alcanzó la mayoría absoluta y con los partidos aliados estaría por alcanzar la mayoría calificada (dos terceras partes del congreso), necesarias para realizar reformas constitucionales.
Reforma al Poder Judicial en México
En 2021 se hizo una reforma al poder judicial en la que se reforzaron el combate a la corrupción, la renovación estructural para una justicia más ágil, fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), igualdad de género y se implementaron cambios en la carrera judicial.
Sin embargo, a pesar de la reforma, el papel que ha jugado el Poder Judicial en el actual sexenio deja ver que es un poder que tiene una mayor incidencia en la política, llegando a judicializar reformas planteadas por el Poder Ejecutivo, excediendo sus atribuciones con respecto al Poder Legislativo.
Los principales cambios en la reforma propuesta son:
La posibilidad de elegir mediante el voto directo de la ciudadanía los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), magistrados del Tribunal Electoral Federal, magistrados de circuito y jueces de distrito. La primera elección se realizaría en junio de 2025;
Reducción de ministros de la SCJN de 11 a 9;
Reducción de cargo de ministro de la SCJN de 15 a 12 años;
Eliminación de las dos salas que conforman a la SCJN;
Eliminación de pensión vitalicia;
Se sustituiría el Consejo de la Judicatura Federal y se establecerían: un Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de Administración Judicial.
Aprobación de la reforma
Para poder llevar a cabo la reforma se requiere la mayoría calificada, 334 diputados de 500; 85 senadores de 128 y la mayoría en 17 congresos de los estados. Tras la elección, MORENA y aliados alcanzarían 364 diputados, sgegún proyecciones del INE al 19 de junio. En el senado estarían por alcanzar 83 escaños, por lo que serán necesarios dos senadores más y la estrategia estaría en convencer a senadores del ahora extinto Partido de la Revolución Democrática (Araceli Saucedo, de Michoacán, y José Sabino Herrera, de Tabasco).
MORENA en el congreso plantea realizar un Parlamento abierto y debates nacionales. Se organizarán 9 foros regionales. A la par la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso elaborará el Dictamen. En los tres debates que ya se dieron se han vertido argumentos a favor y en contra. Los principales argumentos a favor son que es viable la elección popular, no se vulneran los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, está garantizado el presupuesto, es necesaria la austeridad, la revisión y cancelación de fideicomisos y, la reforma garantizar un mayor acercamiento a la ciudadanía. En cambio, los principales argumentos en contra es que se vulnera la autonomía del poder judicial, no se garantizan los derechos laborales, vulnera tratados internacionales, que no deberían elegirse por la vía del voto a jueces y magistrados y debería incluirse en la reforma a las fiscalías, tanto la federal como las estatales.
Aceptación /rechazo de la reforma
En conferencia de prensa, la presidenta electa Claudia Sheinbaum presentó datos de tres encuestadoras sobre la reforma al Poder Judicial:
El 88% considera necesaria una reforma al poder Judicial.
El 48% de la población conoce o ha escuchado sobre la reforma, frente a un 51% que no.
El 17% considera que todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos, el 41% que la mayoría son corruptos.
El 73% de los encuestados considera que la elección de ministros de la SCJN deberá ser elegida mediante el voto y el 21% por la Cámara de Senadores.
El 72% considera que los magistrados y jueces deben ser elegidos por el voto y el 22% por el mismo poder judicial.
El 84% estaría de acuerdo con la creación del órgano independiente del poder judicial de la Federación, para vigilar, investigar y sancionar a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna falta o en actos de corrupción.
Según la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la reforma al poder judicial le “restaría independencia a ese poder y debilitaría al Estado de Derecho”. Consideran también que el país perdería confianza para invertir. A su vez, los partidos opositores al gobierno criticaron la encuesta presentada por Claudia Sheinbaum y consideran la reforma un retroceso para el país.
La Administración de Control de Drogas (DEA - EEUU), mencionó que de aprobarse la reforma el narcotráfico podría promover sus propios jueces. Sin embargo, con el poder judicial en la actualidad, se han promovido amparos y han salido de la cárcel varios narcotraficantes. Entre 2021 y 2023 jueces y agentes del Ministerio Público federales liberaron al 53% de los detenidos por narcotráfico y robo de combustibles. El último caso es el de un familiar de un narcotraficante miembro del Cartel Jalisco Nueva Generación. Incluso, algunos think tanks en EEUU, como el ,Inter American Dialogue (IAD) plantean que es necesaria la reforma e incluso, opinan que debería aplicarse también una reforma a la Fiscalía General de la República (FGR), institución que no está incluida en la reforma. Las opiniones del IAD son coincidentes con las vertidas por aquellos que están en contra de la reforma: no es posible mantener la independencia del poder judicial si se eligen mediante voto a jueces; se vulneran tratados internacionales y derechos laborales. Similar opinión tienen análisis hechos por la Konrad Adenauer Foundation en conjunto con México Evalúa (financiada por EEUU), pues en un estudio, se posicionan en contra de la elección de jueces y mantener la independencia y pluralidad de jueces y magistrados.
El Poder Judicial en América Latina
En América Latina, el único país en el que se eligen mediante voto popular a ministros del Poder Judicial es Bolivia.
Según Latinobarómetro en su estudio de 2023, en América Latina la confianza en el Poder Judicial es bajo, la media en Latinoamérica es del 28.8%. Perú es el país con mayor desconfianza con el 81.7%. México se ubica con 64.3% de desconfianza.
Confianza en el Poder judicial en ALC, 2023
Categoría | ALC | Argentina | Brasil | Colombia | Perú | México |
Mucha | 7.9% | 2.8% | 14.5% | 4.3% | 3.8% | 5.8% |
Algo | 20.9% | 20.7% | 22.0% | 19.0% | 13.8% | 27.3% |
Poca | 35.7% | 39.0% | 38.8% | 42.3% | 31.5% | 37.0% |
Ninguna | 33.0% | 34.7% | 21.9% | 31.2% | 50.2% | 27.3% |
No sabe/No contest | 2.6% | 2.8% | 2.8% | 3.2% | 0.6% | 2.6% |
FUENTE: LATINOBARÓMETRO, 2023.
Según encuesta de CELAG para Colombia (2024), la percepción de la población es que el Poder Judicial se configura como uno de los opositores del gobierno de Gustavo Petro.
En Argentina, en noviembre de 2023, la imagen negativa del Poder Judicial rondaba el 72.6%.
La reforma al Poder Judicial en México, país clave en América Latina por su peso económico y político, puede marcar la pauta para una serie de reformas en la región, que pongan de manifiesto la necesidad de cambiar un poder que en las últimas décadas se ha erigido como un poder con mayor autonomía con respecto al poder ejecutivo y legislativo, incluso por encima de éstos. Implica una transformación institucional profunda, la democratización de uno de los tres poderes de la unión, justamente el que no es elegido por voto directo hasta el momento, y la reducción de presupuestos ligados a gastos excesivos o privilegios de los magistrados y jueces.