Introducción
La asistencia para el desarrollo y la asistencia militar de Estados Unidos (EE.UU.) hacia México es de larga data, por lo menos desde la década de los setenta del siglo XX. Sin embargo, un punto de quiebre es con la Iniciativa Mérida que abultó dicha asistencia e hizo que el Estado mexicano realizara una serie de reformas a nivel judicial, político-electoral, económico, cambios institucionales a nivel municipal y estatal; y también fortaleció el aparato represivo con entrenamiento para militares y policías. Logró afianzar y establecer como algo normal -y hasta necesario- la asistencia en México, país que no era uno de los grandes receptores en América Latina.
Sin embargo, hay otros rubros de la asistencia estadounidense a México que merecen atención a la luz de dos procesos, que aunque van en paralelo, son complementarios si se miran desde la perspectiva de la desestabilización de un gobierno nacional-popular: la amplia presencia de organizaciones de la sociedad civil en defensa del medio ambiente y, a partir de 2019, la judicialización de obras de infraestructura llevadas a cabo por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Lo anterior, merece la pena ser investigado pues, como en otros casos de América Latina, este tipo de organizaciones no gubernamentales, empresas privadas que tercerizan la asistencia e instituciones de defensa de derechos humanos y medioambientales, han llevado a cabo procesos desestabilizadores de gobiernos nacional-populares, que obstaculizan la inversión pública en proyectos de infraestructura considerada estratégica. Al menos destacan dos casos relativamente recientes: la carretera del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure-TIPNIS en Bolivia y el caso de Yasuní en Ecuador.
En el caso de México, una de las obras de infraestructura que tiene la oposición de organizaciones de defensa del medio ambiente es el Tren Maya. Cabe hacer una aclaración al respecto. No todas las organizaciones que se dicen en defensa del medio ambiente y la naturaleza son financiadas por EE.UU., así como tampoco todas las organizaciones son ONG, o de la sociedad civil organizada, pues también hay organización comunitaria y territorial, que defienden el territorio al que pertenecen sus comunidades y no reciben financiamiento de gobiernos ni del sector privado. Por último, están empresas que tercerizan la asistencia.
Financiamiento de EE.UU. a organizaciones y empresas de defensa ambiental
Para esta investigación, se consultó la base de datos ForeignAssitance.gov que permite conocer las organizaciones, empresas y montos que reciben de las distintas agencias y departamentos del gobierno de EE.UU. Uno de lo principales problemas que tiene esta base de datos es que dejó de informar con detalle, las organizaciones que reciben financiamiento de la National Endowment for Democracy (NED). No es un aspecto menor, pues, en contraste con la base de datos anterior a marzo de 2022, hay diferencias sustanciales. El ocultamiento de este tipo de información sensible, contraviene el principio de “transparencia” del que tanto alarde hace el gobierno de EE.UU. y que solicita a los gobiernos latinocaribeños.
Para el caso de México, como se ha analizado en otros artículos,1 es uno de los principales países que recibe asistencia militar y económica. Dentro del rubro de la asistencia económica están programas que se han aglutinado bajo el rubro que denominamos como “defensa del medio ambiente”. Bajo este grupo están los rubros identificados como “biodiversidad”, “defensa de la biosfera”, “Política forestal y gestión”, “educación/entrenamiento medioambiental”, “Política medioambiental”, “Investigación medioambiental”, “Desarrollo Forestal”, “Educación Forestal”, “Política forestal y gestión administrativa” e “Investigación Forestal”. México es el segundo país con más financiamiento detrás de Perú. (Ver gráfica 1).
Los principales programas que han recibido más financiamiento en lo que va del siglo XXI a nivel latinocaribeño han sido Biodiversidad, Protección de la biosfera, y Política forestal que en conjunto representan el 96.5% del total de los diez rubros considerados (Ver Gráfica 2).
En el caso de México, el financiamiento a la defensa del medioambiente fue mucho más importante en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que entre 2013-2018 tuvo alrededor de 101.3 millones de dólares (ver Gráfica 3). Se puede considerar que fue en este periodo en el que se consolidaron las capacidades financieras y logísticas de distintas organizaciones y empresas. Si contrastamos con otros sexenios, el de AMLO apenas tiene el 24.4% de lo que recibieron las organizaciones financiadas por EE.UU. en el sexenio de EPN. No está de más decir, que el sexenio de EPN estuvo marcado, tanto por el amplio paquete de reformas constitucionales -entre la que destaca la reforma energética a la cual se opusieron varias organizaciones y movimientos de defensa del territorio-, como los amplios conflictos ambientales y asesinatos de líderes sociales y ambientales.
Como se muestra en la Figura 1, la USAID otorgó casi todo el financiamiento al rubro “Protección de la biósfera” y en menor medida a “Biodiversidad”. El segundo mayor financiador es el Departamento del Interior que otorgó al rubro Biodiversidad e investigación medioambiental el 100% de sus recursos. En menor medida están el Cuerpo de Paz, el Departamento de Agricultura y la Fundación Interamericana.
Figura 1. Financiamiento de EEUU a la defensa medioambiental por Departamento (dólares de 2019)
FUENTE: Elaboración propia con datos de Foreingassistance.gov
En el periodo 2001-2023 ocho ONG y empresas concentraron el 45.4% del total del financiamiento. Las más relevantes son The Nature Conservative, Tetra Tech, una contratista que tiene también financiamiento para otro tipo de proyectos como reformas al Estado y, Pronatura, empresa que comparte “aliados” o financiadores con Rainforest Alliance.
Sin embargo, más allá del financiamiento, están las organizaciones y sus redes, vínculos y proyección. A continuación, se presentan algunos datos sobre las principales organizaciones que son financiadas por el gobierno de EE.UU., y los programas de financiamiento en los que están ubicadas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y aquellas que interpusieron amparos en el caso del Tren Maya.
Organizaciones y empresas medioambientales en tiempos de la 4T
Según la base de datos de Foreignassistance.gov, 2023 es el año en que más financiamiento hubo para organizaciones y empresas durante los cinco años del gobierno de AMLO. El incremento entre 2022 y 2023 fue del 208% (Ver Gráfica 4).
Hay 44 organizaciones de la sociedad civil, tres Departamentos y 3 ONG no identificadas. De todos los rubros, el más robusto es el de Protección de la biósfera que representa el 86% del total.
De las 44 organizaciones, las que más financiamiento tienen son Rainforest Alliance, The Nature Conservancy, Conservation International, Futures Group Global, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, entre otros (Ver Gráfica 5).
Rainforest Alliance es una ONG internacional fundada en EE.UU. que trabaja en la intersección de los negocios, la agricultura y los bosques. Uno de su objetivos es proteger los bosques y la biodiversidad, promover acciones sobre el clima, promover los derechos y mejorar los medios de vida de la población rural. En México tiene proyectos de conservación y restauración de bosques en Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca. Trabaja con asociaciones de productores, cooperativas, ejidos y empresas. Busca establecer alianzas con el sector público y privado para las cadenas de suministro sostenibles, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y desarrollo rural sostenible.
The Nature Conservancy fue fundada en 1951, en EE.UU. En México participa apoyando junto con la USAID, la estrategia REDD (Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques). En 2022 Formaron un consorcio de socios para Actividad de Comunidades Prósperas Sostenibles (SPC) que opera en Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Oaxaca, para fortalecer la capacidad de los pequeños productores, lograr la transición a prácticas productivas sostenibles y rentables, y acceder a mercados a lo largo de cadenas de valor seleccionadas.
Conservation International es una organización ambiental estadounidense sin fines de lucro. Coordina el proyecto “Sustainable Landscapes Ventures (SLV)” financiado por USAID con el objetivo de desarrollar cadenas de valor sostenibles e inclusivas a escala en cuatro estados (Campeche, Chiapas, Jalisco y Oaxaca) para consolidar alianzas de largo plazo entre pequeños productores, inversionistas y compradores en cadenas de valor sostenibles e inclusivas para evitar la deforestación.
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A. C. es una ONG mexicana dedicada a temas de política forestal, silvicultura, desarrollo de capacidades en comunidades campesinas, manejo forestal comunitario y economías campesinas. Tiene proyecto de desarrollo rural y políticas climáticas con la USAID en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Jalisco. Su objetivo es incorporar la producción sostenible y la conservación de los bosques en las políticas gubernamentales y en la práctica empresarial.
Pronatura fue creada en 1981, se dedica a restaurar y conservar la biodiversidad en México. Tiene presencia en todo el país y divide sus acciones en seis regiones: Noreste, Noroeste, México, Veracruz, Sur y Península de Yucatán. Ha tenido 192 proyectos financiados por EE.UU. desde 2001 hasta 2023. En el periodo del gobierno de MORENA han sido 56 proyectos financiados por EE.UU.
Environmental Incentives, LLC apoya a la USAID en la medición y mejora del impacto de los programas de conservación de la biodiversidad a nivel mundial. Es una corporación con fines de lucro, hacen negocios para resolver problemas sociales y ambientales. Varios de sus socios son fundaciones ambientalistas de diferentes estados de EE.UU. En México brindan servicios y apoyo a los programas de conservación ambiental y energía de USAID.
De las organizaciones mencionadas, las que se han pronunciado en contra del Tren Maya son el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Pronatura, Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil, Pronatura, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), y Diálogo y Movimiento. Esta última, dejó de aparecer en la base de datos pues recibía financiamiento de la NED, la cual ya no aparece en la base de datos.
Entre otras organizaciones que se han pronunciado en contra del tren y que además interpusieron amparos están: Greenpeace México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA),2 Consejo Nacional de Litigio Estratégico el cual está vinculado a dos ministros de la Suprema Corte de Justicia y entre sus integrantes está Claudio X. González, principal opositor del gobierno mexicano, y a su vez miembro de MCCI. Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), Diversidad Biológica, Cenote Republic, Colectivo siempre unidas.
Contra el Tren Maya se han puesto más de 50 amparos desde que comenzó su construcción y hasta 2023. Se han solucionado la mayoría de los amparos a favor del gobierno. El caso del Tren Maya, pone de manifiesto una tendencia regional y mundial, en la que distintas obras de infraestructura son judicializadas. Este tipo de guerra por la vía judicial, constituye una de las nuevas formas en la cuales EE.UU., -y el gran capital, tanto nacional y extranjero- utiliza el poder suave (Soft power),3 para detener obras que atentan en contra de lo que considerar su interés nacional.
Bibliografía
Nye, Joseph (2004). Soft power. The means to success in world politics. Public Affairs, New York: Persseus Books Group.
Foreingassistance.gov, U.S. Agency for International Development (USAID) and U.S. Department of State on behalf of United States Government agencies reporting foreign assistance. <https://www.foreignassistance.gov/data>
Lajtman, Tamara, García Fernández, Aníbal, (2022) “Dependencia estratégica de Estados Unidos y militarización sobre América Latina (en la era Trump)”, en Revista de Estudios e Pesquisas sobre as Americas, Vol. 15, no. 2, pp.62-83.
Citas
Véase a Lajtman, Tamara, García Fernández, Aníbal, (2022) “Dependencia estratégica de Estados Unidos y militarización sobre América Latina (en la era Trump)”, en Revista de Estudios e Pesquisas sobre as Americas, Vol. 15, no. 2, pp. 62-83.
Por ejemplo, este centro no se opuso a la construcción de la mega obra del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco y sí hizo recomendaciones en un documento que contó con financiamiento de la USAID y realizado en conjunto con el IMCO (un think tank del Consejo Mexicano de Negocios) y CTS Embarq México. Disponible en: https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2015/04/ObservatorioNAICMok.pdf
Nye, Joseph (2004). Soft power. The means to success in world politics. Public Affairs, New York: Persseus Books Group.
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