Entre la docena de causas que se construyeron y acumularon contra CFK en los últimos doce años, la que más avanzó es la llamada causa “Vialidad”, que incluye una condena contra la ex presidenta en primera instancia, actualmente en revisión en la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. Esta sentencia, dictada en diciembre de 2022, marcó la agenda política, judicial y mediática del año electoral 2023 y configuró de forma clara un escenario de inhabilitación política de la ex primera mandataria.
Desde febrero de 2024, en la causa Vialidad se realizan una serie de audiencias en las que exponen tanto el fiscal ante la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, como las defensas de todos los imputados. La última de las audiencias será el día jueves 4 de abril. A partir de este momento, los jueces Hornos, Borinsky y Barroetaveña se tomarán su tiempo para analizar el caso y dictar sentencia, la cual puede ratificar íntegramente la dictada en primera instancia; puede modificarla; o puede rechazarla en todos sus términos revirtiendo lo decidido por el Tribunal Oral Federal.
¿De qué acusan a CFK?
En la Causa Vialidad se investiga un supuesto direccionamiento de parte de Cristina, como Presidenta, en favor del empresario Lázaro Báez, al momento de designar empresas ganadoras de licitaciones por obra pública realizada en la provincia de Santa Cruz (se analizan 51 obras) entre los años 2003 y 2015, a pesar de que la Presidencia de la Nación no cuenta con competencia para intervenir de ninguna manera en los procesos de licitación, ejecución o pago de obras como las investigadas en la causa. Tampoco se pudo probar en ningún momento la existencia de sobreprecios o irregularidades de ningún tipo respecto de dichas obras. La defensa de CFK resumió su posición en el documento “Las veinte mentiras de la Causa Vialidad”. El alegato de defensa completo puede verse en una serie de videos, así como también pueden revisarse los alegatos de los fiscales.
Cabe señalar que tanto los fiscales de primera instancia, Diego Luciani y Sergio Mola, como el fiscal Villar, acusan a CFK no sólo por administración fraudulenta sino también por asociación ilícita en carácter de jefa y solicitan una pena de doce años de cárcel, el doble de lo establecido por el Tribunal Oral de primera instancia. El pasado 7 de marzo, la defensa de CFK representada por el abogado Carlos Beraldi, insistió en el pedido de absolución para la ex presidenta y denunció que “la sentencia es un acto de arbitrariedad descomunal” en tanto “la violación al derecho de defensa ha sido sistemática desde el inicio de la causa”.
La condena (o cumpliendo el objetivo de la inhabilitación política…)
La condena contra Cristina en Vialidad, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Capital Federal (integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso), el 6 de diciembre de 2022, indica seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de obra pública realizada en la provincia de Santa Cruz. La sentencia, de más de mil quinientas páginas, califica como “subterfugio y coartada”, la denuncia de la existencia del lawfare en el marco de la causa.
Parcialidad de los jueces
Cabe recordar que Borinsky y Hornos se reunieron con Mauricio Macri mientras éste era Presidente de la Nación, tanto en la Quinta presidencial de Olivos como en la Casa Rosada, en numerosas oportunidades. Estas conductas, evidentemente irregulares en función de las causas que tramitaban en los despachos de ambos magistrados, rápidamente fueron desestimadas como delito en sede judicial. En primera instancia, el juez Marcelo Martínez de Giorgi dictó sendos sobreseimientos para Borinsky, Hornos y Macri, negando la existencia de la mayoría de las reuniones, a pesar de que fueron admitidas por los propios protagonistas, y justificando la inexistencia de delito alegando que no existen pruebas sobre lo sucedido en esos encuentros. De acuerdo con Martínez de Giorgi, no se pudo probar que esas reuniones hubieran generado una influencia indebida en los magistrados. La fiscal de primera instancia, Alejandra Mángano, apeló la sentencia, pero el fiscal superior de segunda instancia, Agüero Iturbe, desistió del recurso, por ende quedó firme la sentencia absolutoria.
No hay pruebas…
Hace pocas semanas, CFK compartió el dictamen que Rodolfo Barra, actual Procurador del Tesoro de la Nación designado por el Presidente Javier Milei, suscribió como experto legal independiente a pedido de la defensa de la ex presidenta, para acompañar el recurso de apelación a la sentencia de la causa Vialidad. El dictamen de Barra, fechado en septiembre de 2023, afirma entre otros puntos que “no se observa la existencia de responsabilidad penal objetiva de ninguna naturaleza en cabeza del Presidente de la Nación”, por lo cual, la figura del Presidente sólo podría haber sido responsabilizado en virtud de responsabilidades políticas pero nunca por responsabilidades penales. De esta manera, Barra se suma a la larga lista de juristas expertos que se han manifestado contrarios a la legalidad del debido proceso y de la condena en el marco de Vialidad, entre los cuales se encuentran Raúl Zaffaroni, Daniel Erbetta, Baltasar Garzón y Juárez Tavares.
Conclusión
La condena de la causa Vialidad dada en primera instancia meses antes del inicio de la carrera presidencial del año 2023, generó el terreno propicio para impedir la postulación de CFK a cualquier cargo político, sumado al intento de magnicidio del 1° de septiembre de 2022 que a la fecha no tiene responsables intelectuales, en tanto apenas están imputados los últimos eslabones ejecutores del atentado.
Hoy, estamos a pocas semanas o meses de conocer la definición de la Cámara Federal de Casación Penal, instancia judicial que se dará antes de la intervención que probablemente tenga, en su oportunidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación para hacer cosa juzgada en causa Vialidad, emblema del lawfare en Argentina. El objetivo: expulsar a CFK de la discusión política, de cualquier modo.
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