Desde 2015 se abrieron más de una decena de causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner (CFK), quien estaba terminando su segundo mandato presidencial. Algunas de estas causas se fueron cerrando y otras siguen en pleno proceso judicial, con diferentes estados de avance. Hacia finales de 2019, CFK acumulaba varios procesamientos con pedidos de prisión preventiva pero, a partir de 2020, en varias causas se comprobó su inocencia, lo que alivió momentáneamente su situación judicial. No obstante, la judicialización política y el lawfare persisten con mucha intensidad.
El lawfare
Las causas que pesan sobre la actual vicepresidenta fueron originadas tras la asunción de Mauricio Macri como presidente de la Nación, lo cual generó una serie de episodios desarrollados de manera sistemática para la consecución del objetivo buscado: procesar a CFK. Aquí algunas de las acciones más graves:
i) El 14 de diciembre de 2015 el Poder Ejecutivo, a través del Decreto N° 82/2015, intentó nombrar a dos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Esta decisión fue impulsada por Fabián Rodríguez Simón (asesor legal del expresidente y amigo personal del Dr. Carlos Rosenkrantz, uno de los magistrados elegidos para integrar la Corte y actualmente prófugo de la justicia).
ii) Se amedrentó de manera cuasi mafiosa a la entonces procuradora general de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó, para que abandonara el cargo. El procesamiento de Gils Carbó pudo obtenerse tras forzar al juez Julián Ercolini para ordenarlo, según declaraciones públicas hechas por el actual presidente de la nación. Asimismo, se difundió a través del diario Clarín el teléfono de su hija. Finalmente, terminó renunciando a finales de diciembre de 2017.
iii) El entonces presidente Mauricio Macri modificó a su antojo las estructuras de dos organismos técnicos que actúan bajo su esfera: la Oficina Anticorrupción (OA), colocando al frente a la exdiputada Laura Alonso (conocida por las denuncias formuladas contra funcionarios del Gobierno de CFK), y la Unidad de Información Financiera (UIF), donde colocó como titular a un exasesor del Fondo Monetario Internacional, el Dr. Mariano Federici, y como vicepresidenta a la Dra. María Eugenia Talerico, letrada apoderada del banco HSBC (e involucrada en 2014 durante la segunda presidencia de CFK en una causa por lavado de dinero en Argentina a través de más de 4.000 cuentas bancarias, que la Administración Federal de Ingresos Públicos pudo identificar).
Ambos organismos se presentaron como parte querellante en los distintos procesos judiciales iniciados en contra de CFK. Además de exhibir una absoluta parcialidad, impulsaron investigaciones invocando hechos que ya habían sido juzgados y sobreseídos con autoridad de cosa juzgada, utilizando así el instrumento judicial como herramienta de persecución política.
iv) Por su parte, en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se corroboró que, dentro del organismo se había conformado un grupo de tareas para perseguir CFK.
v) El Banco Central de la República Argentina (BCRA), bajo la conducción del Dr. Federico Sturzenegger, también fue utilizado como instrumento de persecución política.
vi) El 6 de mayo de 2016, mediante el Decreto N°656/2016, Mauricio Macri y su jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun, modificaron la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), para restablecer el secretismo para manejar los fondos a discreción. Al frente fue designado Gustavo Arribas, amigo personal del expresidente Macri. Como es de público conocimiento, CFK fue objeto de maniobras de espionaje ilegal, tanto en su domicilio como en la sede del Instituto Patria, por parte de este organismo. Estos hechos de espionaje hoy son objeto de investigación judicial en causas conocidas como ‘Ara San Juan’ o ‘Mario Bros’, entre otras.
vii) En el Consejo de la Magistratura se sucedieron una serie de situaciones anómalas: por un lado, se protegió a jueces que actuaban de manera funcional con el anterior Gobierno y se persiguió a quienes no acataban las directivas de persecución. El caso más paradigmático fue el del fallecido juez Bonadio, quien tuvo participación destacada en este proceso. Otros casos fueron el del magistrado Freiler, suspendido a través de una maniobra del macrismo, y el del juez Daniel Rafecas, cuyo juicio político se promovió por haber desestimado la denuncia del “Memorandum” (detallado más abajo). O el pedido de juicio político realizado por Macri y su ministro de Justicia, Germán Garvano, contra el juez Alejo Ramos Padilla, quien había investigado y procesado a agentes de la AFI y a magistrados del Ministerio Público Fiscal que participaban conjuntamente de maniobras ilícitas.
Por otro lado, fue también en el Consejo de la Magistratura desde donde se articularon los traslados de magistrados para ocupar cargos clave (como los del Dr. Carlos Alberto Mahiques hacia la Cámara Federal de Casacion Penal y de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi hacia la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, para que entendieran en las causas de CFK). También pretendieron trasladarse tribunales orales completos del fuero nacional hacia ese fuero, siempre elegidos a dedo.
viii) A las esas actuaciones en los organismos públicos se sumó la participación de un ente denominado ‘mesa judicial’. La misma se encontraba formada por algunos de los actores ya mencionados, como Mauricio Macri, Marcos Peña Braun, Germán Garavano, Gustavo Arribas, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el exjefe de Asesores de la Presidencia, José Torello, y el exsecretario Legal y Técnico Pablo Clusellas, entre otros. Dicha central de operaciones llevaba a cabo reuniones y desde ahí impartía instrucciones destinadas a influir en el rumbo de las causas judiciales que se conectaban con la persecución penal de dirigentes de la oposición, así como con temas de interés personal de sus miembros.
En las 13 causas que existen contra CFK, 12 estaban en manos del juez Bonadio, 1 en manos de Ercolini. Estas causas no fueron precisamente adjudicadas por sorteo, sino atribuidas a dedo a los jueces mencionados. Asimismo, el juez Bonadio tomo causas per se, en las cuales además de actuar como magistrado, instaba denuncias. Las causas en segunda instancia eran atribuidas de la misma manera que en primera instancia, a los jueces Irurzu y Bruglia. Siguiendo con la misma forma de proceder, fue citada a 8 indagatorias en un día. Las causas, una vez que mediante los recursos correspondientes llegaron a la Corte Suprema, fueron rechazadas, pero impartiendo orden a los jueces para que la investiguen.
Violación de derechos
En las causas contra CFK se violan todos los derechos del Pacto de San José de Costa Rica:
Artículo 14 (1): Derecho a un tribunal establecido por ley, independiente e imparcial.
Artículo 14 (2): Derecho a la presunción de inocencia.
Artículo 14 (3) (c): Derecho a ser juzgado sin dilaciones.
Artículo 14 (3) (e): Derecho a obtener la comparecencia de testigos de descargo.
Artículo 14 (3) (g): Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo.
Artículo 14 (7): Derecho a no ser juzgado por el mismo hecho (ne bis in ídem).
Artículo 17 (1): Protección contra interferencias arbitrarias o ilegales en la privacidad y contra ofensas ilegales al honor o reputación.
En noviembre de 2019, las Naciones Unidas hicieron llegar al Gobierno argentino el dictamen del relator especial de la ONU para la independencia de magistrados y abogados, Dr. Diego García Sayan. En el mismo expresa su conocimiento respecto de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento por parte del Poder Judicial argentino. Dicho plan se estaría ejecutando por parte del Poder Ejecutivo, que ejercía actos de intimidación a los diversos órganos que conforman el sistema judicial argentino (como el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, jueces y fiscales) para perseguir a dirigentes políticos opositores. Además, considera que las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata y que la opinión pública tiene que ser informada sobre las implicaciones potenciales.
Las causas
Actualmente, CFK enfrenta instancias definitorias en la causa ‘Vialidad’; en septiembre habrá otra audiencia por la causa ‘Memorándum con Irán’; y tiene otras causas tramitándose en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y la Cámara Federal de Casación Penal. No hay que olvidar que en Argentina estamos a un año de la definición de las candidaturas presidenciales y el lawfare tiene un afinado sentido para intensificarse en los momentos política y electoralmente cruciales.
A continuación, un punteo de los procesos judiciales contra CFK:
VIALIDAD
RUTA DEL DINERO K
GAS NATURAL LICUADO
HOTESUR + LOS SAUCES (unificadas)
MEMORÁNDUM CON IRÁN
DÓLAR FUTURO
CUADERNOS
DOCUMENTOS HISTÓRICOS
SOBORNOS POR CORREDORES VIALES Y SUBSIDIOS A EMPRESAS DE TRANSPORTE (otra derivación causa Cuadernos)
DIARIOS/MUEBLES A SANTA CRUZ
DOBLE PENSIÓN VITALICIA
USO DE LA FLOTA DE AVIONES PRESIDENCIAL
Comments