El pasado 16 de septiembre el presidente de Ecuador Daniel Noboa informó la intención de proponer una modificación constitucional que permitiría el establecimiento de instalaciones militares extranjeras en territorio nacional. Esta iniciativa busca modificar el artículo 5 de la Constitución, que desde 2008, con el cierre de la base de Manta, ha prohibido la presencia de instalaciones militares foráneas en territorio ecuatoriano.
El proceso de lawfare desplegado contra la Revolución Ciudadana desde el inicio del gobierno de Lenin Moreno, con la judicialización de ciertas figuras políticas para obstaculizar el regreso de gobiernos progresistas, ha llegado a un extremo sin precedentes con el gobierno de Daniel Noboa vulnerando las relaciones más básicas entre Estados, con el secuestro del ex vicepresidente Jorge Glas de la Embajada de México en Quito.
Pero en paralelo, los gobiernos de Moreno, Laso y Noboa también han trasformado a Ecuador en una “base ampliada” de EE.UU. La profundización de relaciones con el gobierno estadounidense, en términos militares y de seguridad habilita que Ecuador opere como base geopolítica de EE.UU. En el ámbito internacional, la disputa EE.UU.-China pone a Ecuador en el primer orden de importancia por su posición geoestratégica. Es clave considerar que Galápagos, en particular San Cristóbal, la isla más oriental del archipiélago, cumple doble función para los intereses estadounidenses: Ofensiva contra China y Defensiva. Permitiría cubrir militarmente a México, Centroamérica con sus respectivos pasos (Canal de Panamá y más recientemente Tren Transiísmico) y parte de la zona Andina.
Aunque en la estrategia para el Indopacífico (lanzada en 2022 por Biden pero que es recuperada de la Estrategia de seguridad con Australia de 2016 y de la estrategia del Indopacífico de Trump) no se mencione directamente a países de ALC, el territorio latino caribeño es la parte complementaria "natural" de la estrategia de seguridad de EE.UU. Con las Galápagos y el Ecuador, se estaría conformando un "polígono" de seguridad en el Pacífico.
EE.UU. y las fuerzas de seguridad en Ecuador
EE.UU. tiene un rol particular en la construcción del escenario de “tierra arrasada” en Ecuador, caracterizado por la ausencia de institucionalidad, economía fallida, quiebre del tejido social y avance del narcotráfico. En lo que va de 2024, luego del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y la declaratoria de Estado de Excepción, se han llevado a cabo una serie de acercamientos y visitas de funcionarios de las principales agencias de seguridad estadounidenses: Comando Sur, Consejo de Seguridad Nacional, Oficina Internacional de Control de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), DEA y FBI. Tras las visitas se hicieron anuncios de nuevos acuerdos y paquetes de asistencia militar y en seguridad. El 15 de febrero Noboa ratificó el Acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas (SOFA) y el Acuerdo Relativo a Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas, mostrando la continuidad con Lasso y Moreno en el acercamiento geopolítico a EE.UU.
Es clave destacar que durante el gobierno de Correa hubo una disminución de la asistencia militar y en seguridad provista por EE.UU., en particular en los últimos cuatro años de su mandato pues pasó de 13 a 1,4 millones de dólares. Sin embargo, con Moreno de nuevo se ampliaron los montos, de 0,8 en 2017 a 3,9 millones en 2020. Con Guillermo Lasso el incremento es sustancial y no tiene comparación con los gobiernos anteriores.
Este aumento exorbitante se refleja particularmente en el financiamiento para el Programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF) -una fuente de financiación otorgada a un país socio mediante una subvención o un préstamo directo utilizado para provisión de equipos, capacitación y servicios- con 163 mdd en 2022 y 147 mdd en 2023.
Esta asignación específica hace que Ecuador se ubique como el principal receptor de la asistencia netamente militar en la región durante la administración Biden (2021-2023).
La Oficina Internacional de Control de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) tuvo un financiamiento por 21,2 mdd entre 2021 y 2023, un incremento de 9 veces más en relación a los primeros tres años de Moreno. Este tipo de financiamiento se orienta al apoyo en operaciones antidrogas, capacitación en interdicción, asistencia técnica y capacitación a jueces, fiscales, policías, guardacostas, militares, analistas financieros y otros funcionarios del sector de justicia penal. Las organizaciones UNODC, OEA, Celestar Corporation, Dexis Consulting Group, National Center for State Courts y New Tech Solutions son las que canalizan los recursos de esta agencia antinarcóticos.
A este aumento de la presencia de EE.UU. desde 2017, en programas y financiamiento de las fuerzas de seguridad de Ecuador, se suma la asistencia anunciada a principios de 2024 para el gobierno de Noboa, que incluye la construcción de una nueva Academia de Guardacostas, una nueva oficina para la unidad de procesamiento de corrupción, ocho unidades fronterizas móviles para apoyar a un grupo de trabajo fronterizo de élite, una unidad operativa conjunta Policía Nacional-Guardacostas en Guayaquil. Se sumó el aporte de análisis forense digital para identificar, mapear y atacar redes criminales; un equipo para capacitar a 175 funcionarios de migración de Ecuador en el uso de la recolección biométrica; capacitación de 35 integrantes de las unidades de protección presidencial y vicepresidencial del Ecuador; aumento de asesores del FBI en el país; un avión militar C-130H; más de 20.000 chalecos antibalas; más de $1 millón en equipos críticos de seguridad y respuesta a emergencias; $13 millones en equipos para proteger las redes informáticas del Ministerio de Defensa del Ecuador; $2,4 millones en vehículos y equipos de seguridad adicionales para la policía de Ecuador; 6 camiones Navistar Defense 7000-MV.
Conclusión
Estamos presenciando el “Plan Ecuador”, como lo fue en su momento Colombia con el Plan Colombia y México con la Iniciativa Mérida, estrategias que bajo el supuesto objetivo de “acabar con el narcotráfico”, tuvieron consecuencias sociales, políticas y económicas desastrosas para ambos países y que hasta la fecha continúan. La “tierra arrasada” que se esgrime sobre Ecuador avanza con la previa destrucción de la base productiva, de los empresarios nacionales y la economía en su conjunto, que desde 2019, aplicó el ajuste estructural comandado por el FMI y que implicó un fuerte deterioro en la vida de las y los ecuatorianos. Y sigue en ciernes la posibilidad de firmar un TLC con EE.UU., que, como en los casos justamente de México y Colombia, terminan con la incipiente industria nacional.
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