Luego de la Marcha para salvar Bolivia de septiembre de 2024, liderada por Evo Morales, se aceleró el proceso de judicialización del ex mandatario. A partir de ese momento y en un plazo de 3 semanas se abrieron o reimpulsaron al menos 7 denuncias y/o causas en su contra. Un día después del atentado contra la vida de Morales, el lunes 28 de octubre, se conocieron tres denuncias más contra el ex presidente: una del Ministerio de Gobierno, por tentativa de asesinato; otra de Vicente Cuéllar (posible candidato presidencial de “Cambio 25”), por terrorismo y alzamiento armado; y otra de Melania Torrico, por simulación de delito. Existen antecedentes sobre el proceso de persecución por la vía judicial, incluidas fuertes tensiones por el liderazgo de Morales en el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Los intentos de inhabilitación por la vía judicial han sido complementados de manera extremadamente violenta con el intento de su eliminación física, mediante el atentado con armas de fuego perpetrado el 27 de octubre de 2024.
Eliminación física de Evo Morales
El atentado del 27 de octubre, tuvo por objetivo eliminar físicamente a Evo Morales en un contexto de profundización de la violencia en el país con la reactivación de grupos paramilitares que fueron parte del golpe contra el MAS en 2019
Destacan la Unión Juvenil Cruceñista (Santa Cruz) y la Resistencia Juvenil Cochala (Cochabamba, muy vinculada al alcalde y candidato de derecha Manfred Reyes Villa).
Cabe resaltar que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó plenamente como grupos paramilitares y recomendó al Estado que los desactive.
El viernes 25 de octubre, la Resistencia Juvenil Cochala saqueó y quemó instalaciones de la Federación de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba.
El mismo viernes 25 de octubre, comandos de la Resistencia Juvenil Cochala atacaron y golpearon al abogado de Evo Morales y ex Defensor del Pueblo, Dr. Nelson Cox, derivado a un centro médico de urgencia por la gravedad de las lesiones recibidas.
Dato clave: el 26 de octubre, hubo un cambio repentino de todo el alto mando militar. Algunas versiones plantean que el alto mando que estaba a cargo no habría acatado instrucciones del gobierno para ejecutar la operación que se llevó a cabo el 27 de octubre. El mando militar entrante el sábado 26 de octubre, habría aceptado llevar a cabo esta operación.
Hay pruebas de que habría sido una operación militar-policial: han usado helicópteros militares, efectivos militares y policiales con armas de grueso calibre. Los vehículos que se usaron para atentar contra la vida de Evo Morales fueron resguardados en un predio militar de la 9na. División del Ejército. Se difundió un video donde un militar reconoce algunos datos sobre la operación.
En un principio, desde el gobierno se difundió la versión de que fue un “auto-atentado”. Tal hipótesis es desmentida por diversas imágenes e informaciones. Pasadas varias horas, el presidente Luis Arce se pronunció condenando la violencia y ordenando una investigación sobre los hechos, a los que calificó de “presunto atentado”. En tanto que el lunes 28 de octubre, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, argumentó que el ataque al auto de Evo Morales se produjo por parte de efectivos policiales en respuesta a un “ataque de la seguridad del ex presidente Morales que quiso evadir un retén policial”.
Dada la gravedad y urgencia del hecho, los abogados y defensores del expresidente, el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni y el Dr. Raúl Gustavo Ferreyra, realizaron el domingo 27 de octubre la solicitud de Medidas Cautelares ante la CIDH (MEDIDA CAUTELAR - CIDH – 0000095044).
Esta ola de violencia se debe, probablemente, a la demora o falta de resultados esperados en las acciones judiciales, ante lo cual se procedió a la activación de grupos paramilitares y la activación de grupos militares-policiales.
En septiembre de 2022, Evo Morales denunció la existencia del denominado “Plan Negro” elaborado por instancias gubernamentales vinculadas a la policía y fuerzas armadas que tendría por objetivo el armado, montaje y sembrado de pruebas contra la dirigencia de las organizaciones sociales, autoridades como Andrónico Rodríguez, Leonardo Loza y Gualberto Arispe, y finalmente la eliminación física de Evo Morales.
Eliminación política por la vía judicial: antecedentes
El 31 de octubre de 2023, el Tribunal Supremo Electoral anuló el Congreso realizado por el MAS a inicios de ese mes, inhabilitando todas las decisiones que allí se tomaron: desconoció la Directiva presidida por Evo Morales y planteó que debía organizarse otro congreso. El argumento del TSE era que los miembros de la Directiva elegida debían acreditar al menos diez años de militancia en el MAS (como establece su estatuto), y ellos no contaban con el certificado respectivo.
El 11 de diciembre de 2023, se dispuso la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades. Las autoridades de turno han facilitado la persecución política por la vía judicial. Hay fecha de elección para el 1 de diciembre de 2024.
En las últimas semanas, tras la Marcha para Salvar Bolivia, se han activado al menos 7 causas o denuncias contra Evo Morales por distintos motivos, en la mayoría de los casos con denunciantes anónimos o por informes policiales o de inteligencia, sin que aparezca prueba alguna y con una feroz campaña mediática para demonizarlo y desprestigiarlo política y moralmente. Se amenaza de manera permanente con la eventual ejecución de órdenes de aprehensión contra el ex presidente Evo, tanto desde funcionarios o aliados del gobierno de Arce como de parte de funcionarios judiciales.
Total solidaridad con el ex Presidente Evo Morales, repudio y condena a los responsables del intento de magnicidio..