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Cronología de la persecución política en Bolivia (septiembre-noviembre 2024)

Actualizado: hace 9 horas


  • Septiembre: Tras la Marcha para salvar Bolivia, liderada por Evo Morales en las primeras semanas del mes, se aceleró el proceso de judicialización del ex mandatario. A partir del 21 de septiembre, y en un plazo de  un mes se abrieron o impulsaron al menos 7 denuncias y/o causas en su contra, por delitos sexuales, corrupción o derivados de los bloqueos en carreteras, en todos los casos los denunciantes fueron funcionarios oficialistas o dirigentes allegados a la derecha boliviana. Se observa un hostigamiento intensificado a nivel judicial contra Evo y otros dirigentes del MAS-IPSP.

  • 25 octubre: comandos de la Resistencia Juvenil Cochala atacaron y golpearon al abogado de Evo Morales y ex Defensor del Pueblo, Dr. Nelson Cox, derivado a un centro médico de urgencia por la gravedad de las lesiones recibidas.

  • 27 octubre: Luis Arce cambia el alto mando militar. El general de división aérea Gerardo Zabala es el nuevo comandante en jefe interino de las Fuerzas Armadas; el general José Wilson Sánchez es jefe de Estado Mayor; el general Eduardo Aguilar es el comandante general del Ejército. El general Juan Ballester es comandante general de la Fuerza Aérea y el contraalmirante Óscar Vaca Molina juró como comandante general de la Armada.

  • 28 octubre: Atentado contra Evo Morales. El carro en el que viajaba recibió 4 disparos, por lo que tuvo que cambiar a otro vehículo, que recibió otros 14 disparos resultando herido su chofer. En medios y redes sociales se vieron vehículos -que supuestamente atentaron contra la vida de Evo Morales- entrar al cuartel de la Novena División del Ejército, saliendo posteriormente los militares o policías del operativo en un helicóptero.

  • 30 octubre: Gobierno aprueba decreto 5265, bono “Reconocimiento Económico al Esfuerzo” destinado a la Policía para “que ejerzan su misión constitucional en situaciones que ponen en riesgo su vida e integridad física”. Se interpreta que esta decisión alienta a las fuerzas de seguridad a acatar instrucciones de intensificar la represión.

  • 1ro. noviembre: Empieza operación de desbloqueo con policías y militares, con uso de agentes químicos. Parotani (Cochabamba), Mairana (Santa Cruz): hubo 5 civiles y 32 agentes policiales heridos de acuerdo a partes oficiales, más de 80 detenidos, entre los cuales 55 personas fueron trasladadas a La Paz y fueron investigados por delitos como alzamiento armado, tráfico de armas, tenencia o porte ilícito de armas, instigación pública a delinquir, atentados contra la seguridad de los medios de transporte, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, asociación delictuosa y secuestro.

  • 6 noviembre: - El Estado Mayor del Pueblo, comando que aglutina a los sectores políticos organizados que lideraron las protestas, anuncia que tras 20 días de bloqueos implementarán un cuarto intermedio, para prevenir conflictos, detenciones y enfrentamientos, a la vez que para promover el diálogo y la búsqueda de soluciones a las demandas económicas, sociales y políticas.

  • La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al Ministerio Público ampliar las investigaciones por terrorismo, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir contra el exministro Juan Ramón Quintana, y los dirigentes campesinos “evistas”, Humberto Claros, Ponciano Santos y Ramiro Cucho. La persecución se recrudeció aún tras el levantamiento de los bloqueos y protestas.

  • 8 noviembre: Defensoría del Pueblo convocó reunión de diálogo. El gobierno no asistió.

  • 8 noviembre: El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia ratificó, mediante el Auto Constitucional 0083/2024 ECA, la Sentencia Constitucional 1010/2023 del 20 de diciembre de 2023 en el cual incluyó un párrafo argumentativo que interpreta el artículo 168 de la Constitución como inhabilitante para repostulación a la presidencia para aquellos que ya hayan ejercido dos mandatos consecutivos. Esta decisión se tomó, hace casi un año, luego del Congreso del MAS-IPSP realizado el 3 y 4 de octubre de 2023, que había elegido a Evo Morales como líder del partido y lo había ratificado como su candidato presidencial para 2025. Días después el Tribunal Supremo Electoral anuló el Congreso, inhabilitando todas las decisiones que allí se tomaron.

  • 13 noviembre: Tres hombres de civil detuvieron en la ciudad de Quillacollo, a la diputada Gladys Chumacero, quien fue liberada en la ruta, y al secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), Humberto Claros. Horas después el dirigente del Pacto de Unidad indígena, Ramiro Cucho fue detenido en Potosí. Ambos trasladados a los cuarteles de la FELCC, en La Paz.

  • Noche y madrugada 13/14 noviembre. Como parte del mismo operativo, se efectuaron allanamientos del domicilio y la oficina del ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, acusado de "terrorismo y alzamiento armado" a raíz de sus declaraciones en medios de comunicación.

  • 14 noviembre: TCP valida el congreso “arcista” y quita la presidencia del MAS-IPSP a Evo habilitando el robo de siglas del partido. Los magistrados del TCP Gonzalo Hurtado y René Espada firmaron una sentencia que valida «todos los actos de ejecución incluido el Congreso Nacional Ordinario del MAS-IPSP llevado adelante en El Alto del departamento de La Paz del 3 al 5 de mayo de 2024». Con esta decisión se reconoce la elección del dirigente campesino Grover García como nuevo presidente del MAS, en lugar de Evo Morales.

  • 16 noviembre: Activación de alerta migratoria en contra de Juan Ramon Quintana y Ponciano Santos.

  • 16 noviembre: El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que el expresidente Evo Morales será procesado por no haber auxiliado a policías que fueron atropellados y alcanzados por disparo de arma de fuego, en el momento en que fue baleado el transporte donde estaba Morales (atentando contra su vida), y que el gobierno definió como operativo antidrogas.


Auto prórroga en elecciones judiciales

  • Las elecciones de autoridades judiciales de los máximos tribunales constitucionales debieron realizarse en el segundo semestre de 2023, para que los elegidos asumieran el 2 de enero de 2024. Sin embargo, la falta de acuerdos políticos en la Asamblea Legislativa durante 2023 impidió que se avance en el proceso de convocatoria y selección de candidatos. Se requieren dos tercios de los asambleístas para proceder a aprobar la lista de candidatos. En agosto de 2024 se aprobó la convocatoria a elecciones judiciales para efectuarse el 1° de diciembre y postergada para el 15 del mismo mes.

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