Aranceles: lawfare como aplicación “universal” de la ley de EE.UU.

El retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos (EEUU) fue con la promesa de aranceles al mundo. La novedad era la extensión al mundo entero de dicha medida decimonónica, porque tanto los aranceles como la guerra comercial había comenzado ya desde 2017, centrada contra países considerados enemigos: China, Rusia, Irán, Venezuela. La imposición de aranceles, al igual que las sanciones económicas, es una expresión de la extraterritorialidad de la ley estadounidense (en otras palabras: el modo en que la ley de EE.UU. se aplica a cualquier territorio del planeta).

Además, la imposición de aranceles por la vía de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que ha pasado por una serie de mutaciones desde su antecedente en la Primera Guerra Mundial (Ley de Comercio con el Enemigo), hasta la actualidad, implementada como herramienta de poder blando para presionar a otros países a reacomodar sus marcos normativos acorde a los intereses geopolíticos del sector público y privado EE.UU. 

La dinámica de aranceles y sanciones muestra, por un lado, el instinto imperial del gobierno estadounidense anclado en la “unilaterialidad” de estas medidas y su alcance planetario. Pero, por otro lado, muestra la necesidad de utilizar reglas. A diferencia de la retórica Trump: “te impondré mi voluntad por la fuerza”, en la práctica, lo que aplica son una serie de normativas que preceden a Trump, dinámicas que vienen siendo aceptadas por la comunidad internacional, y que han marcado un modo de hacer las cosas que no ha contado con ningún tipo de censura o sanción. El gobierno de Trump aprovecha al máximo estas vías imperiales.

Aranceles y lawfare

Junto con las sanciones económicas, los aranceles representan una dimensión del lawfare que tiene por objetivo sabotear las relaciones comerciales, financieras (como se reflejó en la caída de las bolsas, que han perdido más de lo que perdieron en la crisis económica de 2008) y se utilizan como herramienta de poder blando con fines políticos y geopolíticos, presionando a los demás países para que ajusten sus reglas a los marcos normativos e intereses estadounidenses. Esto impacta de inmediato a países periféricos que tienen menos herramientas para negociar.

En el caso de América Latina y el Caribe, en el mapa de imposiciones arancelarias destaca el caso de Guyana, aunque, según la misma Orden Ejecutiva en su Anexo II, excluye a energéticos y minerales de los aranceles. Este anexo deja claro que, si a un país le fueron aplicados aranceles y se comercia con energéticos y minerales, estos últimos y sus derivados como gasolinas y otros petroquímicos, están exentos de los aranceles. Esta disposición es relevante dado el consumo de energéticos de EEUU y también de minerales necesarios para ciertas industrias como la automotriz, el complejo militar-industrial, así como la transición energética.

IEEPA y el uso extraterritorial de la ley

En 1917, durante la primera guerra mundial, EE.UU. creó la Ley de Comercio con el Enemigo y el Congreso otorgó poderes al poder Ejecutivo estadounidense para bloquear propiedad enemiga, regular transacciones financieras y licencias para comercio. Dicha ley estuvo vigente hasta la década de los setenta en la que tras los escándalos de Watergate, la crisis económica y política, así como cambios sustanciales en el orden mundial, la Ley de Comercio con el enemigo dio paso a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) en 1977.

Uno de los cambios entre la ley de comercio y la IEEPA era limitar los poderes presidenciales entre los que destacan: presentación anual de una declaración para continuar con la declaratoria de emergencia nacional, justificación de la emergencia nacional. Por su parte, el Congreso se facultó para revocar las acciones de la IEEPA sin que estuviese sujeta a veto presidencial. Esta última disposición fue modificada y aunque el Congreso mantiene la facultad de revocar la IEEPA, nunca lo ha hecho desde que fue creada en 1977.

Desde que el expresidente Jimmy Carter usó la IEEPA hasta la presidencia de Joe Biden con datos a 2023, el periodo que va de Bill Clinton a Biden, la IEEPA ha sido invocada 167 veces, esto es el 82.7% desde su creación. Este período coincide con varios procesos mundiales, uno de ellos es la globalización comercial a partir de la apertura comercial que implicaron los TLC, pero también con el declive hegemónico estadounidense y la mayor disputa comercial con varios países. Por otro lado, la aplicación de la IEEPA es la forma que han encontrado los presidentes de EE.UU. para aplicar sanciones económicas sin necesariamente pasar por el aval del Congreso estadounidense. O sea, es una medida antidemocrática y expresión de la presidencia imperial.

FUENTE: CRS, 2024.

Además de las invocaciones a la IEEPA, destaca que desde la década de los ochenta, la extensión promedio de las emergencias nacionales ha ido creciendo de 4 a 15 años. Los países de América Latina sobre los que se ha invocado la IEEPA son Nicaragua (1985 y 2018), Panamá (1989), Haití (1993), Colombia (1995) y Venezuela (2015).

FUENTE: CRS, 2024.

Además de las invocaciones a la IEEPA, destaca que desde la década de los ochenta, la extensión promedio de las emergencias nacionales ha ido creciendo de 4 a 15 años. Los países de América Latina sobre los que se ha invocado la IEEPA son Nicaragua (1985 y 2018), Panamá (1989), Haití (1993), Colombia (1995) y Venezuela (2015).

Sin embargo, cabe la pregunta ¿La IEEPA permite imponer aranceles a otros países? La letra de la Ley dice que NO. Explícitamente la IEEPA menciona que entre las facultades que se invocan son:

(A) Investigar, regular o prohibir:

(i) cualquier operación de cambio,

(ii) transferencias de créditos o pagos entre, por, a través de, o hacia cualquier entidad bancaria, en la medida en que tales transferencias o pagos impliquen algún interés de cualquier país extranjero o nacional de éste,

(iii) la importación o exportación de divisas o valores; e

(B) Investigar, bloquear durante la investigación pendiente, regular, dirigir y obligar, anular, dejar sin efecto, impedir o prohibir cualquier adquisición, tenencia, retención, uso, transferencia, retirada, transporte, importación o exportación de, o comercio en, o ejercer cualquier derecho, poder o privilegio con respecto a cualquier propiedad en la que un país extranjero o un nacional de ese país tenga algún interés por cualquier persona, o con respecto a cualquier propiedad, sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, o transacciones que impliquen tal propiedad.

(C) Cuando los Estados Unidos estén participando en hostilidades armadas o hayan sido atacados por un país extranjero o por ciudadanos extranjeros, confisquen cualquier propiedad, sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, de cualquier persona extranjera u organización extranjera, o país extranjero que él determine ha planeado, autorizado, ayudado, o se ha involucrado en tales hostilidades o ataques contra los Estados Unidos; y todo derecho, título e interés en cualquier propiedad así confiscada será adquirido cuando, como y en las condiciones dictadas por el Presidente, en el organismo o persona que el Presidente designe de vez en cuando, y con las condiciones que el Presidente pueda prescribir, se mantendrán, utilizarán, administrarán, liquidarán, vendido, o tratado de otra manera en el interés y para el beneficio de los Estados Unidos, y tal agencia designada o persona puede realizar cualquier y todos los actos incidentes a la realización o promoción de estos propósitos.

Quien tiene esas facultades es el Congreso de EE.UU., según la propia constitución en el artículo 1 sección 8 se enumeran las facultades del congreso y respecto al comercio menciona que su atribución es “Regular el comercio con las naciones extranjeras, y entre los varios Estados, y con las tribus indias”.

Ante este escenario, hay doce estados de EE.UU. que impugnaron la imposición de aranceles ante la Corte de Comercio Internacional de EE.UU. Los estados son Oregon, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York y Vermont. La demanda menciona que “Al reclamar la autoridad para imponer inmensos y cambiantes aranceles sobre cualquier bien que ingrese a Estados Unidos que él elija, por cualquier razón que considere conveniente para declarar una emergencia, el presidente ha trastocado el orden constitucional y ha traído caos a la economía estadounidense”. A dicha demanda se suma la que interpuso el demócrata Gavin Newsom de California por la pérdida millonaria de ingresos.

Migración y fentanilo para imponer aranceles

La justificación de la “emergencia nacional” para imponer aranceles a Canadá, México y China fue la migración y los precursores de fentanilo. Según la Hoja Informativa del 1 de febrero de 2025 “President Donald J. Trump Imposes Tariffs on Imports from Canada, Mexico and China” se menciona que continua el flujo de fentanilo hacia EE.UU. y que las “autoridades chinas no han tomado las medidas necesarias para frenar el flujo de precursores químicos a cárteles criminales conocidos ni para desmantelar el lavado de dinero por parte de organizaciones criminales transnacionales”.

Respecto a la migración, menciona que 10 millones de extranjeros intentaron entrar a EE.UU. durante la administración Biden, muchos de ellos chinos y personas en la lista de vigilancia del terrorismo. Y no sólo es la frontera con México, también con Canadá.

Sin embargo, como ha reconocido la propia Drug Enforcement Administration (DEA), desde 2021 la potencia de las dosis de fentanilo han disminuido y las muertes por sobredosis han disminuido en un 14.5% entre 2023 y 2024, según información de los Center for Disae Control and Prevention (CDC).

En cuanto a la migración, desde 2019 las detenciones de migrantes han incrementado sustancialmente. De 2019 a 2024 se reportaron 2.7 millones de detenciones y más de medio millón de deportaciones y 6.3 millones de migrantes se han quedado en territorio mexicano.

Si bien la cuestión migratoria y el ingreso de fentanilo son reales, la “emergencia nacional” habilita y legaliza una serie de acciones con claros fines geopolíticos en un contexto de pérdida de hegemonía y mayor competencia con China.